Dominique le Roux🇧🇴 De la plataforma a la política: la institucionalización de la gestión del paisaje en Bolivia
¿Qué se necesita para pasar del diálogo a una gobernanza duradera en entornos complejos? En la región de la Chiquitanía, en Bolivia, la respuesta comenzó con la gestión de las cuencas hidrográficas.
La Chiquitanía boliviana es una región de vastos bosques, escasez de agua y usos del suelo contrapuestos, en la que las comunidades indígenas, los agricultores migrantes, los ganaderos y los distintos niveles de la administración pública han tenido dificultades históricamente para coordinarse. El proyecto «Paisajes Resilientes», ejecutado por la GIZ y financiado por la Unión Europea y el BMZ alemán, partió de un punto de partida sencillo pero eficaz: el agua.
Al organizar la gestión en torno a las cuencas de los ríos Paraguá, San Martín y Zapocó —y subdividirlas en ocho subcuencas más manejables—, el proyecto estableció o reactivó ocho comités de gestión locales. Estos se convirtieron en el núcleo del diálogo entre las distintas partes interesadas en el territorio, reuniendo a comunidades, autoridades municipales, ONG y el sector privado en torno a una preocupación común que todos comprendían: la escasez de agua.
Con el paso del tiempo, estos comités pasaron de ser espacios de coordinación a convertirse en instituciones formales de gobernanza. El proyecto contribuyó a la elaboración del Plan Departamental de Santa Cruz para la Seguridad Hídrica y el Cambio Climático, incorporó la conservación a la legislación municipal y puso en marcha SIMA, una plataforma pública de seguimiento medioambiental que ahora administra oficialmente el Gobierno Departamental de Santa Cruz. Asimismo, se establecieron dos mecanismos financieros de apoyo a la producción sostenible, ambos gestionados por el Banco de Desarrollo de Bolivia.
La experiencia de la Chiquitanía demuestra que la GIP no tiene por qué partir de grandes visiones. Partir de un reto práctico y compartido —y reforzar las instituciones ya existentes en lugar de crear otras nuevas— puede traducir el diálogo entre las distintas partes interesadas en marcos de gobernanza que perduren más allá de cualquier proyecto concreto.
🇵🇾 Dar forma a lo inexplorado: la gestión de la frontera olvidada de Paraguay
¿Qué se necesita para llevar a cabo la Gestión Integrada del Paisaje en un lugar en el que prácticamente no hay presencia humana permanente, las instituciones estatales son débiles y las dinámicas de poder son muy desiguales?
El Chaco Cerrado del norte de Paraguay es una de las regiones más remotas y ecológicamente amenazadas del país: una vasta zona fronteriza en la que el Estado no tenía presencia continua, el pueblo ayoreo intentaba reconectarse con las tierras ancestrales en las que no podía habitar de forma permanente, y los poderosos ganaderos ostentaban la mayor parte de la autoridad efectiva. Además, hasta hace poco, era una zona prácticamente desconocida para la población paraguaya.
En este vacío de gobernanza intervino el proyecto CERES, liderado por WWF Paraguay con financiación de la UE. En lugar de aplicar un modelo fijo de la GIP, el proyecto aprendió a adaptarse: cuando se estancó un proceso formal de ordenación del territorio, el equipo cambió de estrategia para apoyar la titulación legal del Monumento Natural Cerro Chovoreca como un primer paso más factible hacia la conectividad ecológica. Esa decisión resultó transformadora. Un grupo de trabajo multisectorial —integrado por ganaderos, la sociedad civil, el Ministerio de Medio Ambiente y múltiples organismos nacionales— logró la titulación formal en junio de 2024, en un acto al que asistió el presidente de Paraguay.
La clave del éxito del proyecto fue su disposición a actuar a través de mecanismos informales —grupos de WhatsApp, reuniones específicas, acuerdos verbales— y a contratar a facilitadores externos cuando la identidad conservacionista de WWF hacía que se la percibiera como un actor no neutral. Asimismo, se aceptó que el apoyo a la reconexión de la comunidad ayoreo con su tierra podría, por el momento, adoptar la forma de visitas periódicas y seguimiento cultural, en lugar de un asentamiento permanente.
En un contexto en el que la gobernanza se había llevado a cabo durante mucho tiempo a distancia, CERES demostró que la GIP no se basa tanto en planes perfectos como en la paciencia, el pragmatismo y la consolidación de pequeños avances en un cambio institucional duradero.
🇪🇨 La seguridad hídrica como puente en los altos Andes de Ecuador
¿Qué se necesita para reunir a distintos actores en entornos frágiles y en disputa? En una parroquia de la provincia de Bolívar, en Ecuador, la respuesta resultó ser el agua.
Los ecosistemas de páramo situados sobre Simiátug, una parroquia indígena kichwa de la provincia de Bolívar, en Ecuador, regulan el suministro de agua para miles de personas que viven río abajo. Sin embargo, durante años, esas mismas praderas de altura se consideraron principalmente como terrenos para la expansión: se utilizaban para el pastoreo de ganado, se quemaban para obtener pastos y eran degradadas por las mismas comunidades que dependían de ellas.
El proyecto «Paisajes Andinos», puesto en marcha por la FAO en Ecuador con financiación de la UE, encontró su punto de partida en esta contradicción. Al centrar su labor en la seguridad hídrica —una cuestión que preocupaba urgentemente a todos los hogares, agricultores y gobiernos locales de la zona—, logró replantear la conservación del páramo no como una restricción, sino como una inversión compartida. Las juntas de aguas, las comunidades indígenas, las asociaciones de productores, los ayuntamientos y los ministerios nacionales se unieron en torno a una preocupación común de una forma que las iniciativas de conservación anteriores nunca habían logrado.
El resultado fue el Área de Protección Hidrológica (APH) de Simiátug: una estructura de gobernanza reconocida legalmente, creada conjuntamente con las comunidades mediante un proceso participativo, respaldada por un comité de gestión con poder real de decisión e integrada en los marcos normativos nacionales, entre los que se incluyen la Ley de Recursos Hídricos de Ecuador y el Plan Nacional de Conservación del Páramo.
El proyecto también se fue adaptando de manera significativa a lo largo del proceso: se introdujeron «rincones infantiles» en los talleres para que las mujeres con responsabilidades de cuidado pudieran participar plenamente, se crearon centros de servicios comunitarios para ofrecer alternativas de producción sostenibles y se constituyeron cooperativas de ahorro allí donde no existía el sistema financiero convencional. En la actualidad, las mujeres representan el 51 % de los participantes en el proyecto, lo que refleja un cambio significativo en cuanto a quiénes ocupan puestos de liderazgo en el sector.
Simiátug se ha convertido en un referente de lo que puede lograrse mediante la gestión participativa del agua en los frágiles ecosistemas andinos.
🇨🇴 Colaboración inclusiva: restablecer la conexión de un sistema de humedales colombiano
El humedal costero más extenso de Colombia es un sitio Ramsar, una reserva de la biosfera y el hogar de más de 4.000 familias dedicadas a la pesca artesanal; sin embargo, décadas de gestión fragmentada, conflictos y degradación ecológica lo han llevado al límite. El proyecto «Paisajes Sostenibles» se propuso cambiar esta situación.
La Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM) es el sistema estuarino costero más importante de Colombia: más de 500 000 hectáreas de manglares, humedales y aguas abiertas en el departamento caribeño de Magdalena, que sustenta a las familias de pescadores cuya cultura y medios de vida son inseparables del ecosistema. Asimismo, según numerosos indicadores, se encuentra en crisis: la infraestructura viaria ha bloqueado las entradas naturales de agua, alterando los regímenes de salinidad y provocando el crecimiento explosivo de macrófitas; la contaminación agroindustrial se filtra desde las plantaciones de plátanos y palmas; y años de conflicto armado han minado la confianza entre las comunidades y las instituciones destinadas a servirles.
El proyecto «Paisajes Sostenibles» —coordinado por la FAO y ejecutado en colaboración con el INVEMAR, el Ministerio de Medio Ambiente y WWF en el marco del programa «Herencia Colombia», financiado por la UE— aportó un enfoque de la GIP a esta complejidad. En lugar de partir de cero, se basó en las tres décadas de presencia científica de INVEMAR en la CGSM y en las relaciones que dicha presencia había generado. Esa base de confianza permitió entablar, por primera vez, un diálogo genuino entre las comunidades pesqueras artesanales, las autoridades medioambientales nacionales, los organismos regionales, las empresas de mujeres y el sector privado.
La aportación más innovadora del proyecto en materia de gobernanza fue el Consejo Territorial del Agua, una estructura coordinadora formada por seis Juntas Territoriales del Agua —ahora formalizada mediante resolución ministerial— que proporciona a las comunidades una representación real en las decisiones sobre la gestión del agua y los ecosistemas en todo el territorio. Además, el proyecto diseñó conjuntamente con las comunidades soluciones prácticas —entre ellas, una máquina de recolección de macrófitos que resultó tan eficaz que el grupo comunitario que la gestiona la ofrece ahora como un servicio independiente— y utilizó experimentos participativos para orientar a los pescadores hacia prácticas de captura de cangrejos más sostenibles.
Aún quedan importantes retos por superar: el plan de gestión de Ramsar no se ha adoptado formalmente, persiste la fragmentación institucional y el proceso de fomento de la confianza sigue en marcha. Sin embargo, la experiencia del CGSM constituye un argumento convincente de que, en paisajes complejos y afectados por conflictos, el cambio duradero comienza con la presencia, la capacidad de escuchar y el trabajo lento y concreto de reconstruir las relaciones.
