Dominique le Roux
Por Natalia Cisneros, Peter Cronkleton y Dominique le Roux (CIFOR-ICRAF), Mario E. Rueda Hernández, Héctor M. Martínez Viloria, Juan Felipe Lazarus, Ángela P. Barrero Hernández y Anny P. Zamora Bornachera (INVEMAR), Marcela Galvis Hernández y Martín Gaona (HeCo)
El proyecto «Paisajes Sostenibles» se puso en marcha para abordar los complejos retos medioambientales y de gobernanza de la Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM), el mayor sistema de humedales costeros de Colombia. Coordinado por la FAO y ejecutado en colaboración con el Instituto Nacional de Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR) de Colombia, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y WWF, y financiado por la Unión Europea en el marco del programa Herencia Colombia, liderado por Parques Nacionales de Colombia, el proyecto se desarrolló de manera intersectorial y a diversas escalas. La GIP proporcionó un marco para involucrar a instituciones gubernamentales, comunidades pesqueras artesanales, empresas de mujeres, organizaciones de la sociedad civil y actores del sector privado en torno a desafíos comunes, en particular la gobernanza del agua y la restauración de los ecosistemas.
Uno de los ejes centrales del proyecto fue la reconstrucción de las relaciones entre las partes interesadas e instituciones históricamente marginadas, cuyas interacciones se habían visto debilitadas por el conflicto, los desplazamientos y una presencia institucional irregular. Mediante procesos inclusivos y participativos, el proyecto contribuyó a la creación y el fortalecimiento de plataformas con múltiples partes interesadas, facilitó el diálogo entre los distintos ámbitos de gobernanza fragmentados y promovió la resolución colectiva de problemas.
El proyecto también puso de manifiesto el valor del aprendizaje adaptativo e iterativo. Las soluciones técnicas —entre las que se incluyen innovaciones para la eliminación de macrófitos y la gestión pesquera— se diseñaron conjuntamente con las comunidades y se pusieron a prueba con ellas, lo que permitió armonizar los objetivos medioambientales con los beneficios para los medios de vida. En algunos casos, estas soluciones se convirtieron en actividades independientes generadoras de ingresos dirigidas por grupos comunitarios.
Aunque el fomento de la confianza y la consolidación institucional siguen siendo retos pendientes, la experiencia del CGSM ilustra cómo la GIP puede contribuir a enfoques más coordinados, participativos y resilientes de la gobernanza del paisaje en sistemas socioecológicos complejos.
Sobre el paisaje
La Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM) es el mayor sistema estuarino costero de Colombia, situado principalmente en el departamento de Magdalena, en el Caribe colombiano. Se trata de una Reserva de la Biosfera y un sitio Ramsar, que abarca más de 500 000 hectáreas y proporciona servicios ecosistémicos fundamentales, tales como la pesca, la regulación hídrica, el secuestro de carbono, la conservación de la biodiversidad, el valor paisajístico y la identidad cultural de sus habitantes.
Los humedales sustentan a más de 4.000 familias dedicadas a la pesca artesanal en 26 municipios de los alrededores, incluidas comunidades que viven en palafitos y en tierra firme, cuyos medios de vida y seguridad alimentaria dependen directamente del buen estado del ecosistema. Estas comunidades poseen un profundo conocimiento ancestral de la dinámica de los estuarios y son conscientes de la estrecha interdependencia que existe entre el funcionamiento del ecosistema y el bienestar humano.
A pesar de su importancia, el CGSM se enfrenta a importantes presiones medioambientales. El desarrollo de infraestructuras —en particular la construcción de carreteras que ha bloqueado las entradas naturales de agua— ha alterado la conectividad hidrológica y modificado los regímenes de salinidad, lo que ha contribuido a la degradación de los manglares
y a la proliferación de macrófitas. A estos impactos se suman la expansión agroindustrial no regulada
, la sobrepesca y
la contaminación del agua, lo que ha provocado una pérdida generalizada
de la funcionalidad del ecosistema.
Estos retos medioambientales se ven agravados por la falta de una gobernanza eficaz entre las instituciones gubernamentales y los agentes locales. Los conflictos armados y el tráfico de drogas han provocado desplazamientos, enfrentamientos y una desconfianza generalizada, lo que ha debilitado el tejido social y ha limitado la colaboración. Como consecuencia, las relaciones entre las instituciones y las comunidades se han visto a menudo fragmentadas, lo que ha mermado la legitimidad y la eficacia de las iniciativas de gestión medioambiental.
El CGSM se rige por un complejo marco institucional. Como sitio Ramsar y Reserva de la Biosfera, está sujeto a compromisos de conservación nacionales e internacionales e incluye dos áreas protegidas administradas por el Sistema Nacional de Parques Naturales de Colombia. Las responsabilidades en materia de gestión del agua, pesca, regulación ambiental y ordenación del territorio se distribuyen entre múltiples entidades que operan a diferentes escalas. Si bien estos mandatos son complementarios, los recursos limitados, la fragmentación institucional y la elevada rotación de personal han limitado su eficacia.
En respuesta a este contexto, se desarrolló el proyecto «Paisajes Sostenibles» con el fin de reforzar la gobernanza medioambiental y apoyar enfoques más coordinados para la gestión del paisaje. Si bien la creación de confianza entre los actores sigue siendo una tarea en curso, el proyecto se propuso promover una colaboración inclusiva a todas las escalas y en todos los sectores, reconociendo que la sostenibilidad a largo plazo en la CGSM depende de la reconexión de los procesos ecológicos, las instituciones y las personas que dependen de ellos.
Las dimensiones de la GIP en la Ciénaga Grande de Santa Marta
La GIP permite analizar cómo surgen las diferentes dimensiones y cómo influyen en el éxito de las intervenciones territoriales complejas. La GIP fomenta la coordinación entre diversos actores, sectores y niveles de gobernanza, estructurada en torno a seis dimensiones clave:
- identificación y participación de las partes interesadas
- promoción de procesos multipartitos
- el desarrollo de una visión paisajística común
- institucionalización de los mecanismos de gobernanza
- gestión adaptativa e iterativa
- desarrollo de soluciones técnicas y políticas específicas para cada contexto
En este estudio de caso se analizan los «Paisajes Sostenibles» a través de las cinco primeras de estas dimensiones, mientras que la sexta se integra a lo largo del estudio. En los apartados siguientes se ilustra cómo estas dimensiones estuvieron presentes en diferentes aspectos del proyecto, generando lecciones clave para la sostenibilidad y la gobernanza del CGSM.
Los ecosistemas presentes en el CGSM son fundamentales para sus habitantes, que dependen de ellos para su seguridad alimentaria y sus ingresos. Mediante la aplicación de la GIP, el proyecto «Paisajes Sostenibles» ha trabajado para hacer frente a la degradación medioambiental, al tiempo que ha reforzado la resiliencia de las comunidades locales a través de iniciativas de colaboración.
Identificación de las partes interesadas
Los conocimientos que INVEMAR ha acumulado a lo largo de más de tres décadas de investigación y seguimiento costero en la CGSM, junto con su presencia institucional en la zona, han sido fundamentales para identificar a los actores relevantes y facilitar los procesos de gobernanza desde el inicio del proyecto. INVEMAR se basa en el trabajo realizado en el marco de un proyecto anterior, «Desarrollo Local Sostenible y Gobernanza para la Paz» (LSDGP), financiado por la Unión Europea. Esto sirvió de punto de partida para identificar comunidades pesqueras, asociaciones de mujeres y líderes comunitarios. Esa experiencia puso de manifiesto ante el INVEMAR y sus socios la necesidad de abordar los retos relacionados con el uso de la tierra y el agua de manera integral en un ámbito geográfico más amplio.
Los pescadores artesanales son actores clave, ya que sustentan a más de 4.000 familias de pescadores —ya sea a través de asociaciones o de forma independiente— repartidas por 26 municipios que rodean el sitio Ramsar. Entre ellas se encuentran comunidades como Buenavista, Bocas de Cataca y Nueva Venecia, que representan una cultura anfibia y conservan conocimientos ancestrales sobre la dinámica del ecosistema, donde los pescadores son conscientes de la interdependencia entre la salud del ecosistema y el bienestar de la población.
Un ejemplo de organización colectiva entre los pescadores es la Asociación de Pescadores Artesanales Unidos para la Recuperación de Puerto Caimán (ASOPCAIMAN), un grupo que se dedica a la captura responsable de jaibas (cangrejos azules, Callinectes spp .) para abastecer a una empresa que procesa, enlata y exporta carne de cangrejo. Otro tipo de grupo de partes interesadas locales son las diversas iniciativas de turismo comunitario. Muchas de ellas están dirigidas por mujeres y tienen como objetivo diversificar los ingresos al tiempo que se conserva el paisaje y su biodiversidad.
Durante el proceso de identificación de las partes interesadas, se identificaron iniciativas locales, entre ellas «Mangle Mi Huella Verde», una empresa dedicada a la transformación de plástico de un solo uso, que se vio reforzada gracias al proyecto «Paisajes Sostenibles». También se identificaron empresas dirigidas por mujeres. Aunque a menudo se excluía a las mujeres de la pesca propiamente dicha, estas han asumido funciones clave en la transformación de productos y la gestión empresarial, lo que ha contribuido a una mayor equidad de género dentro de estas cadenas de valor. Una de estas empresas es la Fundación Ambiental de las Mujeres de Magdalena (FUNDAMAG), que trabaja en el turismo y la restauración de los manglares del CGSM, incorporando innovaciones tecnológicas como el uso de una máquina desarrollada durante la ejecución del proyecto para la recolección y el procesamiento de macrófitas —grandes plantas acuáticas utilizadas para la artesanía—.
Las grandes empresas agroindustriales dedicadas al cultivo del plátano, la palma aceitera y la ganadería también son actores influyentes en la región debido a su poder económico y a su papel en la generación de un número significativo de puestos de trabajo. Sin embargo, también han sido fuente de conflictos —principalmente medioambientales— relacionados con el uso inadecuado del agua y con la contaminación provocada por los fertilizantes, que se filtran en las masas de agua.
Las instituciones gubernamentales suelen ser bien recibidas por las comunidades, aunque son pocas las que gozan de un amplio reconocimiento en la zona. El INVEMAR, sin embargo, es muy conocido gracias a su presencia constante en el territorio, su comunicación directa y su apoyo científico a la toma de decisiones, lo que le ha permitido ganarse la confianza y establecer estrechos vínculos con las partes interesadas locales.
El Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (MinAmbiente), en su calidad de autoridad encargada de definir la política medioambiental del país, es responsable de la administración del sitio Ramsar y de la Reserva de la Biosfera, por lo que desempeña un papel fundamental en la formulación de los marcos normativos. El Parque Nacional Natural de Colombia (PNNC) depende del MinAmbiente y administra las dos áreas protegidas que conforman la Zona Central de la Reserva de la Biosfera: el Santuario de Flora y Fauna CSGM y el Parque Nacional de la Isla de Salamanca. Aunque ambos parques tienen mandatos ambientales complementarios en el territorio, la complejidad de la gestión en la región excede las capacidades técnicas, operativas y financieras de los PNNC.
La Corporación Autónoma Regional de Magdalena (CORPAMAG) es la autoridad regional de e
, y desempeña un papel importante en la aplicación de la política medioambiental en la gestión territorial. Sin embargo, ha tenido que hacer frente a dificultades
dada la magnitud de los retos socioambientales de la región. Esto ha complicado su capacidad para colaborar estrechamente con las comunidades locales, lo que ha afectado a la percepción que estas tienen de su función.
La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), dependiente del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, es responsable de la gestión de los recursos pesqueros y acuícolas del país. La presencia directa de la AUNAP sobre el terreno es limitada, lo que ha dificultado la gestión eficaz del uso de los recursos con las partes interesadas locales. No obstante, ha colaborado estrechamente con el INVEMAR para utilizar los resultados del seguimiento pesquero en la gestión.
Procesos multipartitos
Entre las actividades iniciales del proyecto figuraban iniciativas destinadas a apoyar el desarrollo de mecanismos de gobernanza en el territorio. Sin embargo, a medida que avanzaban los trabajos, quedó claro que muchos de los espacios de coordinación existentes desempeñaban funciones más bien formales, técnicas o institucionales, pero rara vez permitían una participación activa o continua de las partes interesadas locales. En consecuencia, estos actores locales rara vez participaban en los diálogos colectivos.
Para hacer frente a los principales retos relacionados con el agua en todo el territorio, el proyecto impulsó la creación de un modelo de gobernanza que hoy se conoce como el Consejo Territorial del Agua, una estructura que agrupa a seis Juntas Territoriales del Agua. El Consejo Territorial del Agua fue formalizado por el Ministerio de Medio Ambiente. Representa un modelo estratégico de gobernanza que integra diferentes niveles y tipos de actores en torno a una agenda común sobre la sostenibilidad del agua y los ecosistemas.
Entre las plataformas de múltiples partes interesadas (MSP) relevantes para este proyecto, cabe destacar las siguientes:
El Comité de Coordinación para la Gestión Integrada de la Ciénaga Grande de Santa Marta, creado mediante una resolución del Ministerio de Medio Ambiente, ha sido históricamente un espacio técnico e institucional en el que participan actores nacionales y regionales. A pesar de su papel fundamental en la definición de estrategias de restauración y conservación del sitio Ramsar, sus acciones se perciben como alejadas de la dinámica comunitaria. La toma de decisiones en este espacio se ha visto limitada por la falta de continuidad institucional.
El Consejo Territorial del Agua (CTA) es una de las innovaciones más relevantes del proyecto. El CTA constituye un espacio consolidado para la coordinación entre los múltiples actores del territorio. En su marco se crearon seis Mesas Territoriales del Agua, integradas por comunidades e incluyendo a productores, ONG e instituciones locales. Estas mesas redondas apoyan el diseño de planes territoriales participativos y buscan implementar acuerdos de conservación, restauración y monitoreo. La iniciativa también busca generar confianza entre sectores históricamente segmentados y mediar en conflictos socioambientales.
La Plataforma de Gestión del Agua es una alianza intersectorial impulsada inicialmente por WWF que facilita el seguimiento y la protección comunitarios de los recursos hídricos en zonas clave como los ríos Frío y Sevilla, y que sirve de referencia por su modelo participativo e intersectorial. El proyecto Paisajes Sostenibles logró incorporar a la iniciativa a la Fundación y a las cuencas del río Aracataca, aunque con distintos niveles de madurez y autonomía. Estas iniciativas sentaron las bases para procesos de gobernanza comunitaria más amplios.
La interacción con estas plataformas permitió que las acciones del proyecto gozaran de una mayor legitimidad local, fortaleció el liderazgo comunitario y facilitó la creación y el seguimiento de los compromisos. Sin embargo, siguen existiendo importantes retos para consolidar una gobernanza ambiental y territorial eficaz, tales como la frecuente rotación de los funcionarios públicos, la ausencia de autoridades locales en áreas clave y los desequilibrios de poder entre las partes interesadas. Estos problemas se manifestaron en comunidades como Bocas de Cataca y Remolino, donde la falta de organización, representación y claridad sobre sus propias demandas limitó su consolidación institucional en comparación con comunidades con procesos organizativos más avanzados, lo que generó asimetrías en los espacios de toma de decisiones.
Visión común
Aunque el proyecto «Paisajes Sostenibles» no surgió con una visión común del paisaje, se basó en una clara preocupación por un problema compartido: la pérdida de la funcionalidad ecosistémica de la Ciénaga y la desconexión entre quienes dependen de ella. Esta claridad, heredada de las experiencias del INVEMAR y del proyecto LSDGP, permitió establecer una base común para avanzar hacia acuerdos colectivos.
La consecución de una visión común fue el resultado de múltiples procesos, tanto formativos como participativos, entre los que se incluyeron intercambios continuos de experiencias, mesas redondas técnicas, talleres comunitarios y ejercicios de cocreación dirigidos por el proyecto Paisajes Sostenibles. Aunque los intereses y las prioridades eran inicialmente locales y a corto plazo, el proyecto facilitó espacios en los que las partes interesadas locales reconocieron las interdependencias, especialmente entre las comunidades situadas aguas arriba y aguas abajo, así como entre las diferentes zonas geográficas del sitio Ramsar.
Aunque las percepciones del paisaje varían de un territorio a otro, se han identificado varios elementos que gozan de un reconocimiento general:
La urgente necesidad de restaurar el ecosistema de manglares como estrategia para contribuir a la economía local (por ejemplo, la pesca artesanal, la observación de aves y los medios de subsistencia relacionados con la cría de anfibios).
La necesidad de valorar los conocimientos tradicionales de los pescadores locales y de reforzar la pesca artesanal como principal actividad económica y cultural de la región, así como su papel en el equilibrio del ecosistema.
La importancia de mejorar la gestión del agua, especialmente en lo que respecta a su disponibilidad y accesibilidad.
La necesidad de una gobernanza más transparente, intersectorial e inclusiva, que abarque distintos niveles y cuente con la participación de múltiples partes interesadas.
Aunque la visión común constituyó un punto de referencia útil, han persistido deficiencias en cuanto a los mecanismos para su aplicación: la falta de liderazgo, las tensiones entre los mandatos institucionales y los obstáculos para armonizar las agendas entre los distintos niveles. Además, se observó una fuerte dependencia histórica de los proyectos externos, lo que en algunos casos reforzó las dinámicas de paternalismo institucional. Esta situación ha generado retos adicionales para la apropiación local de los procesos, especialmente en contextos en los que la continuidad de los esfuerzos depende de la financiación externa o del apoyo técnico.
Institucionalización
El proyecto «Paisajes Sostenibles» se propuso basar sus acciones en las estructuras paisajísticas existentes, reconociendo su valor normativo y simbólico. El CGSM cuenta con un sólido marco institucional: es un sitio Ramsar, una reserva de la biosfera e incluye dos áreas protegidas, lo que requiere una coordinación eficaz entre las entidades y una gestión que cumpla con los compromisos internacionales.
El proyecto contribuyó al fortalecimiento del Comité de Ramsar con el fin de vincular los avances en la gobernanza territorial con los compromisos de conservación a nivel nacional e internacional. Esta labor incluyó la actualización de la visión compartida sobre la gestión del agua, la participación comunitaria y la planificación de los ecosistemas. Como resultado, el proyecto elaboró una hoja de ruta técnica y participativa para orientar la implementación del plan de gestión del sitio Ramsar. Aunque el INVEMAR había actualizado previamente el plan y se formularon recomendaciones claras en 2022, la hoja de ruta aún no ha sido adoptada oficialmente. Existen cuellos de botella administrativos y una falta de liderazgo institucional entre los organismos nacionales responsables, el MinAmbiente y la CORPAMAG. Este retraso resulta especialmente delicado, ya que incluso algunas partes interesadas de la comunidad creen que el proceso ha sido aprobado formalmente, dado que el trabajo preparatorio está completado y el nivel de participación implicado.
Uno de los retos más importantes en la actualidad es la institucionalización formal del Consejo Territorial del Agua, una estructura ya creada, operativa y con legitimidad local, que ha demostrado su valor como espacio de gobernanza con múltiples partes interesadas. A pesar de su funcionamiento y del reconocimiento que ha recibido incluso a nivel nacional, la falta de herramientas para facilitar su funcionamiento —así como el de espacios similares en la región— ha limitado su sostenibilidad y su capacidad de generar un impacto a largo plazo. En este contexto, se espera que un próximo proyecto financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), el GEF7-CGSM, dé continuidad a varios de los procesos de gobernanza en la zona y contribuya a la consolidación de la institucionalización pendiente mediante la integración del Consejo en los esquemas formales de gestión del agua y el medio ambiente a nivel nacional.
A pesar de estos avances, persisten barreras estructurales, como la fragmentación institucional, la elevada rotación de personal en entidades clave (como CORPAMAG o algunas alcaldías locales) y la falta de recursos financieros y humanos sostenidos. Muchas autoridades locales carecen de personal técnico cualificado y de presupuestos adecuados para aplicar los acuerdos elaborados de forma colectiva.
Aprendizaje y adaptación iterativos
En un contexto tan dinámico y complejo como el del CGSM, fue necesario adaptarse a las nuevas realidades socioambientales, incorporar las lecciones aprendidas y ajustar las metodologías de trabajo basándose en los conocimientos y la experiencia locales.
Una de las causas subyacentes de la degradación del ecosistema ha sido la proliferación de macrófitos, provocada en gran medida por los cambios en la salinidad del agua. Estos cambios se produjeron después de que las infraestructuras viarias, en particular la autopista, bloquearan la mayoría de las ensenadas naturales que anteriormente permitían la entrada de agua de mar con la marea. Esta pérdida de conectividad alteró la dinámica del estuario y contribuyó al crecimiento excesivo de plantas acuáticas flotantes.
En este sentido, los trabajos de restauración llevados a cabo con la comunidad identificaron la proliferación de macrófitos como un problema urgente, ya que afectaba tanto a la navegabilidad como a la salud del ecosistema. Anteriormente, los macrófitos se recogían a mano. En colaboración con las comunidades, el equipo técnico diseñó conjuntamente una máquina para mecanizar este proceso. Gracias a esta colaboración, se recolectó aproximadamente una tonelada de macrófitos durante una prueba piloto de dos horas. La solución resultó tan eficaz que el grupo comunitario que lideró esta iniciativa ofrece ahora servicios independientes de limpieza de vías navegables para el transporte, generando así sus propios ingresos.
Un caso emblemático de gestión adaptativa fue la adopción de nasas modificadas en la pesca del cangrejo. Estas cajas de malla se habían diseñado para permitir que los ejemplares que aún no habían alcanzado la madurez sexual pudieran salir de las nasas. Sin embargo, el INVEMAR observó que algunos pescadores sellaban estas aberturas para maximizar sus capturas. Esto sugería que la funcionalidad de las nasas —y su valor ecológico— no había sido asimilar por los usuarios, quienes no comprendían el valor potencial de las nasas para el ecosistema y, por lo tanto, seguían dando prioridad a las ganancias individuales a corto plazo.
Como consecuencia, se suspendió temporalmente el uso de las trampas y se diseñaron experimentos participativos con los pescadores. Estos demostraron que, al liberar los cangrejos pequeños, aumentaba el tamaño medio de las capturas. Estos datos permitieron a los pescadores comprender los beneficios de la práctica, lo que condujo a su adopción voluntaria. Este caso puso de manifiesto la importancia del aprendizaje iterativo: no basta con introducir soluciones técnicas si estas no se comprenden e interiorizan a nivel local. Para que las prácticas sean sostenibles, deben basarse en el diálogo, la evidencia contextual y la validación colectiva.
La participación activa se mantuvo a través de sesiones de retroalimentación, tutorías y diálogos adaptados al contexto, lo que permitió ajustar las estrategias en función de la experiencia sobre el terreno. En las comunidades palafíticas, por ejemplo, se redefinieron las zonas prioritarias de restauración de acuerdo con los intereses de la comunidad. La cantidad de agua también se supervisó con el conocimiento de los agentes locales, quienes ayudaron a interpretar los cambios en función de los ciclos de las mareas, las precipitaciones o el vertido de residuos.
Sin embargo, la eficacia de estos ciclos de aprendizaje depende en gran medida de la solidez de las relaciones forjadas gracias a los esfuerzos previos por fomentar la confianza. En aquellas zonas en las que persisten la exclusión histórica o el legado de los conflictos, las comunidades suelen ser incapaces de participar de forma significativa sin una facilitación constante.
Conclusiones
La experiencia del proyecto «Paisajes Sostenibles» en el CGSM demuestra que la GIP no solo requiere herramientas y soluciones técnicas, sino también procesos de fomento de la confianza a largo plazo. Esto no se consigue por decreto: se basa en ejemplos concretos, en «ver para creer» y en «aprender haciendo». El caso de las nasas para el cangrejo azul demostró que, cuando los beneficiarios experimentan directamente los cambios tecnológicos, las transformaciones son posibles y sostenibles. Esta lógica también se refleja en la relación entre el INVEMAR y las comunidades: su presencia territorial, su coherencia técnica y su capacidad de escucha han generado vínculos sólidos que han servido de puente con otras instituciones. La confianza ha permitido que actores anteriormente desconectados —como las entidades nacionales y los pescadores artesanales— comiencen a colaborar y se reconozcan mutuamente como socios válidos. En un contexto marcado por la desigualdad y la desconfianza históricas, este proceso representa una base realista y transformadora para avanzar hacia paisajes resilientes e inclusivos.
Publicado en mayo de 2026. Para consultar más casos prácticos de la GIP, visite landscapesfuture.org/ilm-case-studies/ . Todas las fotos son cortesía de INVEMAR.
